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IU
registra una iniciativa para acabar con
el "limbo jurídico" de
la Casa Real
 Gaspar
Llamazares señala que hechos como
‘el caso Undargarin’ y todas las
reacciones que vienen aparejadas más
allá del procedimiento judicial en
curso “demuestran las insuficiencias
legales y el uso interesado que se hace
de la regulación hoy existente”.
Izquierda Unida, a través de su diputado
y portavoz en la Comisión de Justicia,
Gaspar Llamazares, ha registrado una iniciativa
parlamentaria con la que busca acabar con
el “limbo jurídico” que
afecta a la Casa Real y en la que, entre
otras cuestiones se busca “promover
el desarrollo por Ley, tal y como sucede
con el resto de las instituciones del Estado,
del Estatuto Jurídico y Fuero de
la Casa de S. M. el Rey, de los miembros
de la Familia Real y de los miembros de
la Familia del Rey con sus correspondientes
funciones e incompatibilidades”.
Para Llamazares, “los acontecimientos
del ‘caso Urdangarin’, más
allá del procedimiento judicial en
curso, han puesto en evidencia ese ‘limbo
jurídico’ que afecta a la Casa
Real”. Recuerda que en las últimas
semanas están apareciendo “informaciones
contradictorias que lo que vienen a demostrar
son las insuficiencias legales y el uso
interesado que se hace de la regulación
hoy existente, que queda más al albur
de interpretaciones que de la claridad que
exigen cuestiones de Estado como ésta”.
El parlamentario de IU incide en que “la
Corona carece de ley que establezca y desarrolle,
como ocurre con las demás instituciones
del Estado, su estatuto jurídico,
el fuero, las funciones y las incompatibilidades
respectivas, lo que hace mucho más
difícil la valoración y control
efectivo de sus actividades en un Estado
de derecho como el que nos hemos dotado,
así como la ineludible necesidad
de transparencia de todos sus miembros tanto
en el ámbito público que desarrollan
como en el privado”.
La proposición no de ley presentada
por Llamazares a través del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA recuerda
la legislación existente, entre ella
el Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre,
sobre régimen de títulos,
tratamientos y honores de la Familia Real
y de los Regentes, que incluye a los consortes
de los hijos del Rey “mientras lo sean
o permanezcan viudos”, lo que va en
contra de recientes cambios sugeridos desde
la propia Casa Real en la situación
en que ha quedado en la actualidad alguno
de sus miembros.
El texto recuerda también, por ejemplo,
que el Código Penal, en su artículo
485, prevé una protección
específica para la Familia Real,
y la Constitución Española,
en su artículo 56.3, establece que
sólo “la persona del Rey es
inviolable y no está sujeta a responsabilidad”.
Gaspar Llamazares recuerda también
que “tampoco existe la necesaria regulación
para dotar de transparencia a las partidas
que el Rey recibe de los Presupuestos Generales
del Estado para el sostenimiento de su Familia
y de la Casa Real. IU lleva exigiendo desde
hace décadas esta mayor transparencia
y siempre ha chocado con la sistemática
oposición del PP y el PSOE, que han
rechazado todas nuestras iniciativas mientras
han mantenido su alternancia de gobierno.
Ahora esta situación de desinformación
sólo ha mejorado recientemente en
parte, aunque claramente motivado por los
mencionados acontecimientos antes señalados”.
Por este motivo, la iniciativa parlamentaria
de IU insta también al Gobierno a
que promueva “el desarrollo de la Constitución
y la consiguiente modificación de
la Ley Orgánica del Poder Judicial
y de la Ley Orgánica del Tribunal
de Cuentas, para dotar de una mayor precisión
y transparencia a la declaración
de intereses, patrimonio y actividades de
los miembros de la Casa de S.M. el Rey,
y en relación con la responsabilidad
de sus miembros”.
TEXTO ÍNTEGRO DE LA INICIATIVA
REGISTRADA
A
LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Al amparo de lo establecido en el Reglamento
de la Cámara el Grupo Parlamentario
de IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL
presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre el Estatuto jurídico
y fuero de los miembros de la Casa de S.M
el Rey, de la Familia Real y de la familia
del rey, para su debate en la Comisión
de Justicia
Los acontecimientos del ‘caso Urdangarin’,
más allá del procedimiento
judicial en curso, han puesto en evidencia
el limbo jurídico que afecta a la
Casa Real. Por un lado, el ‘Real Decreto
1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen
de títulos, tratamientos y honores
de la Familia Real y de los Regentes’,
incluye a los consortes de los hijos del
Rey “mientras lo sean o permanezcan
viudos”, lo que contradice recientes
informaciones.
Por otro lado, el Código Penal, en
su artículo 485, prevé una
protección específica para
la Familia Real, y la Constitución
Española en su artículo 56.3
establece que sólo “la persona
del Rey es inviolable y no está sujeta
a responsabilidad”.
Sin embargo, la Corona carece de ley que
establezca y desarrolle, como ocurre con
las demás Instituciones del Estado,
el estatuto jurídico, el fuero, las
funciones y las incompatibilidades respectivas.
Tampoco existe la necesaria regulación
para dotar de transparencia a las partidas
que el Rey recibe de los Presupuestos Generales
del Estado para el sostenimiento de la Familia
y de la Casa Real, y han sido los mencionados
acontecimientos los que han motivado recientemente
una mayor información.
Por todo ello, para una mayor concreción
y transparencia de las normas actualmente
en vigor, se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
“El Congreso de los Diputados insta
al Gobierno a:
1) Promover la modificación del “Real
Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre
régimen de títulos, tratamientos
y honores de la Familia Real y de los Regentes”
para una mayor concreción y transparencia
de la norma.
2) Promover el desarrollo por Ley, tal y
como sucede con el resto de las Instituciones
del Estado, del Estatuto Jurídico
y Fuero de la Casa de S.M. el Rey, de los
miembros de la Familia Real y de los miembros
de la Familia del Rey con sus correspondientes
funciones e incompatibilidades.
3) Promover el desarrollo de la Constitución
y la consiguiente modificación de
la Ley Orgánica del Poder Judicial
y de la Ley Orgánica del Tribunal
de Cuentas, para dotar de una mayor precisión
y transparencia a la declaración
de intereses, patrimonio y actividades de
los miembros de la Casa de S.M. el Rey,
y en relación con la responsabilidad
de sus miembros”.
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No
nos parece decente que quien se ve obligado
a dejar su vivienda habitual porque no puede
afrontar los pagos de su hipoteca con el banco,
se vea obligado también a abonar el Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana, un impuesto que no es
conocido como debería por la ciudadanía
en general pero que no por eso deja de ser una
obligatoriedad manifiestamente injusta, en casos
como los que descubrimos cada día y cada
día más frecuentes y cada día
más cercanos.
El
coordinador federal asegura que “ninguna
reforma ha creado empleo en España y siempre
fueron únicamente una excusa para limitar
derechos de los trabajadores”.