UNA ROSA CON ESPINAS

Treinta años después del inicio de la transición española, que trajo consigo la instauración de un nuevo régimen político con la aprobación de la Constitución de 1978, todavía hay quienes pensamos que este periodo arrastra ciertos residuos franquistas hasta nuestros días. No quiero en este artículo quitarle legitimidad ni eficacia al periodo en cuestión. Tampoco quiero invalidar las actuaciones llevadas a cabo por los actores políticos en aquel periodo, ni mucho menos reivindicar una actitud “anticonsenso” poco recomendable en los tiempos que corren. Simplemente me gustaría aclarar ciertas deficiencias democráticas existentes en la actualidad que tienen conexión con el citado periodo, deficiencias que, llegados a este momento, convendría exponer y modificar.

En efecto, el sistema electoral sufre una patología conocida por todos. El sistema electoral español no es ni realmente representativo ni proporcional, por mucho que la propia Constitución establezca dichos principios. Y estos vicios electorales tienen su origen en la Ley 1/1977, para la Reforma Política, norma preconstitucional emanada del periodo de la transición, donde la Disposición Transitoria Primera de la misma autorizaba al Gobierno aún franquista a elaborar las reglas electorales que regularían las primeras elecciones democráticas después de la dictadura. ¡Casi nada!; un gobierno sin legitimidad autorizado para regular la legitimidad de las Cortes que después se autoproclamarían constituyentes. Además, la propia Ley 1/1977, además de autorizar dispositivos correctores a la representación “proporcional” en la composición del Congreso de los Diputados, fija como circunscripción electoral la provincia, criterio posteriormente constitucionalizado en nuestra norma suprema, con consecuencias, como veremos, muy negativas. Los principios electorales recogidos en la Ley 1/1977 fueron desarrollados por el Real Decreto Ley 20/1977, regulador de las normas electorales de las “elecciones fundacionales”, norma franquista que recoge el anterior elemento electoral y otros que ahora señalaremos. Esta norma, en contra de lo que se pueda pensar, fue una imposición del Gobierno Suárez (que, lógicamente, aprovechó las potestades que las Cortes franquistas le dieron en la Ley para la Reforma Política para fijar unas reglas que favoreciesen a su espectro político), donde no hubo consenso de ningún tipo con las demás fuerzas políticas,  y donde, si bien al tildar al sistema de proporcional permitía acceder a algunas fuerzas de la oposición al Congreso, realmente el acceso al mismo quedaba muy limitado y solamente las fuerzas mayoritarias tendrían poder en la Cámara. Y es que, introduciendo la barrera electoral del 3% de los votos emitidos en cada circunscripción como requisito sine qua non para acceder al reparto de escaños, se limitaba enormemente a los partidos pequeños el acceso al Parlamento y con ello se conseguía una menor fragmentación partidista en la Cámara alta (esta barrera, no obstante, parece que ha gustado bastante en los sectores “democráticos” de PP y PSOE; tanto, que hasta se permiten el lujo de pactar Estatutos de Autonomía que regulan una barrera electoral más alta, hasta llegar al 5%). Y por supuesto, el famoso método D´Hondt para transformar los votos en escaños, también recogido en el Decreto regulador de las elecciones del 15 de junio de 1977, considerado proporcional “a bombo y platillo”, es realmente un método de reparto de escaños mayoritario en nuestro sistema electoral, donde sólo en las grandes circunscripciones, en las que se reparten diez o más escaños (sólo seis provincias de las cincuenta y dos que conforman el mapa electoral), tiene algunos tintes de reparto proporcional, ya que en el resto de las circunscripciones, donde se suelen repartir entre de tres a nueve escaños, con el método D´Hondt, únicamente salen de las mismas con algún botín los dos partidos más votados. Estos dos últimos elementos electorales, en cambio, no quedaron constitucionalizados, y fue la Ley Electoral de 1985 la que los recogió en su articulado.

 La consecuencia no es otra que un sistema electoral mayoritario bipartidista que supra-representa a los dos partidos más votados del espectro,  y por tanto poca voluntad de cambiarlo por quienes con esas reglas han podido acceder al poder (todavía alguno se acordará de las promesas de González para cambiar el sistema electoral, promesas que, después del 28 de octubre de 1982, quedaron en papel mojado), negando con ello una característica esencial en la democracia como es la representatividad proporcional en el poder legislativo. Es ahora cuando el PSOE, gran beneficiado del mal llamado “voto útil”, que perjudicó severamente a IU en las últimas elecciones legislativas de 2004, debería actuar con coherencia y generosidad democrática, y con el consenso del resto de los partidos cambiar un sistema electoral viciado, injusto, poco proporcional y menos democrático, aunque con ello haya que modificar algún artículo del texto constitucional. Y es que, como dicen los Estopa en una de sus canciones, ¡Qué mal repartido está el mundo desde el primer mes de Enero!, y es que es cierto que con las reglas electorales actuales, como sigue la canción, ganó quien marcó primero, y estas fueron sin lugar a dudas las derechas.    

            En consecuencia, no tengo otro objetivo que animar a que, llegados a esta etapa, cerremos definitivamente un largo pasado turbio en  nuestro país, eliminando todos los residuos que hace treinta años no pudieron eliminarse, haciendo justicia a los que sufrieron las injusticias del régimen y de la guerra, para que de una vez por todas se cierren las heridas que en algunos casos no están cicatrizadas. Por eso la transición no fue “modélica”, sino una rosa con espinas, espinas que hoy debemos estar en condiciones de arrancar, para que su tallo quede limpio, y la podemos regalar a posteriores generaciones, para que cuando la cojan, no se pinchen.

                                                                                  Santiago F. Cortés Cebrián